- La gobernanza del poder tecnológico se decide en organismos como la ITU y en la pugna entre grandes potencias por fijar estándares globales.
- La carrera por la inteligencia artificial y la infraestructura digital redistribuye poder entre Estados, empresas y regiones, con una UE reguladora pero dependiente.
- El Sur Global necesita desarrollar capacidades propias en IA y educación STEM para evitar una nueva subordinación tecnológica y proteger su democracia.
- La transformación digital reconfigura trabajo, salud y vida interior, exigiendo combinar innovación con ética, regulación y autonomía ciudadana.
Vivimos en una época en la que el poder tecnológico se ha convertido en el centro de la política, la economía y la vida cotidiana. Lo que antes se veía como un simple conjunto de herramientas para comunicarnos o trabajar es hoy el campo de batalla donde se dirime quién manda en el mundo, quién fija las reglas de Internet, cómo se protegen (o se vulneran) los derechos humanos y qué modelo de sociedad se impone. De fondo, late una tensión constante entre innovación, seguridad, democracia, negocios y control.
En paralelo, se ha ido desinflando el viejo entusiasmo que presentaba la red y las nuevas tecnologías como un espacio inherentemente liberador. Cada vez resulta más evidente que la tecnología no solo crea oportunidades, también redistribuye el poder: reparte ganadores y perdedores, abre brechas entre países y dentro de ellos, y otorga a Estados y grandes empresas un margen de maniobra enorme para vigilar, influir y condicionar a las personas. Comprender cómo se articula ese poder tecnológico es clave para entender el presente y lo que viene.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones: donde se decide la conectividad mundial
Uno de los escenarios menos visibles y, sin embargo, más determinantes de este tablero es la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT o ITU, por sus siglas en inglés), una agencia especializada de Naciones Unidas. Pese a que muchos ciudadanos apenas han oído hablar de ella, es un espacio donde se fijan reglas que afectan a la conectividad global, a los estándares de Internet o a la gestión del espectro radioeléctrico, cuestiones que condicionan directamente la distribución del poder tecnológico entre Estados y empresas.
La ITU tiene el encargo formal de garantizar y coordinar la conectividad internacional y la armonización de las telecomunicaciones. Bajo esa misión se agrupan tareas tan críticas como la definición de normas globales para tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la asignación de órbitas satelitales, la gestión del espectro radioeléctrico o la creación de estándares técnicos que permitan llevar Internet y servicios digitales a zonas rurales y países en desarrollo. Dicho de otro modo: decide buena parte de las reglas del juego de la infraestructura digital del planeta.
Esta organización, con unos 700 empleados y un presupuesto que ronda los 350 millones de euros, reúne a 193 Estados miembros y a alrededor de 900 entidades del sector privado (operadoras, fabricantes, grandes tecnológicas, asociaciones industriales…). Estas empresas y organizaciones participan en los llamados study groups o grupos de estudio, donde se preparan recomendaciones técnicas. Posteriormente, esas recomendaciones alimentan resoluciones que, si logran apoyo unánime, se convierten en decisiones con fuerza de obligación jurídica internacional que los Estados deben incorporar a sus marcos legales nacionales.
La estructura de gobernanza de la ITU incluye una Secretaría General, un Consejo y tres grandes sectores técnicos. En los sectores se agrupan tanto los grupos de estudio como las conferencias que, cada cuatro años, revisan avances, reformulan estándares y marcan el rumbo normativo y técnico. Aunque pueda sonar muy técnico, lo que ahí se discute tiene implicaciones directas sobre la seguridad, la soberanía digital y la capacidad de cada país para influir en el modelo global de Internet.
Los tres sectores técnicos de la ITU y su dimensión geopolítica
El sector ITU-T (Estandarización de Telecomunicaciones) es el espacio donde se fijan estándares sobre conectividad de Internet, redes de nueva generación y tecnologías como el 5G. En 2021, durante una asamblea, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China, junto con gigantes como Huawei, China Unicom y China Telecom, presentó una propuesta bautizada como “New IP”. Este planteamiento cuestionaba el modelo actual, liderado históricamente por Estados Unidos, al calificarlo de “inestable” e “insuficiente”. Lo que está en juego no es solo una cuestión técnica: es qué arquitectura de Internet se impone y bajo qué principios se controlan los flujos de datos.
Por su parte, el sector ITU-R (Radiocomunicaciones) se encarga de la gestión del espectro radioeléctrico, de los sistemas de radiocomunicación y de la administración de órbitas y recursos relacionados con satélites. En este ámbito, la presencia de empresas chinas supera a la de las estadounidenses, mientras que Estados Unidos intenta compensar esa desventaja ganando peso en otros foros de estandarización paralelos (SDOs) que también influyen en la definición de normas técnicas y en la creación de coaliciones entre países.
El tercer pilar, ITU-D (Desarrollo), se centra en la asistencia técnica y la capacitación para países en desarrollo, con el objetivo de impulsar su conectividad y su integración en la economía digital. Bajo su paraguas se diseñan planes y herramientas para extender las infraestructuras digitales, se decide bajo qué estándares de seguridad se despliegan redes en contextos frágiles y se alinean los esfuerzos de digitalización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este sector ha cobrado aún más relevancia al estar dirigido por Doreen Bogdan-Martin, de Estados Unidos, quien a su vez ha sido candidata a la Secretaría General de la ITU.
En la práctica, la ITU se ha convertido en un espacio donde se dirime quién lidera el despliegue de determinadas tecnologías y con qué marco de valores. Desde la forma en que un teléfono de un fabricante se comunica con otro de una marca distinta hasta el diseño de redes 5G, pasando por la ciberseguridad de infraestructuras críticas en países en desarrollo: cada estándar aprobado tiene una lectura geopolítica. Además, la posibilidad de que el mundo se parta en dos sistemas tecnológicos casi incompatibles, uno capitaneado por China y otro por Estados Unidos, tendría consecuencias profundas para las cadenas de suministro y el comercio internacional.
Esta pugna técnica y política tiene también su reflejo en debates tan sensibles como el uso del reconocimiento facial en las ciudades inteligentes. La Unión Europea, por ejemplo, apuesta por restringirlo con fuertes limitaciones y excepciones muy acotadas de interés público, mientras que otros países lo emplean masivamente, con efectos que pueden derivar en nuevas formas de represión digital. La configuración de los estándares internacionales condiciona hasta qué punto estas tecnologías se usan para la seguridad, para el negocio o para el control social.
Digitalización, empresas tecnológicas y Agenda 2030
En paralelo a esa batalla en los organismos internacionales, el sector privado impulsa a toda velocidad la transformación digital de la economía y de la vida diaria. Tecnologías como la inteligencia artificial generativa, el big data o el blockchain están redefiniendo la forma en que trabajamos, consumimos, nos movemos y nos relacionamos. Esta revolución se está traduciendo en ciudades más conectadas, nuevos modelos de negocio y herramientas para afrontar desafíos globales como el cambio climático.
Esta ola no se limita a las grandes corporaciones tecnológicas: también pymes y microempresas se han sumado con fuerza a la digitalización por el potencial de crecimiento y eficiencia que ofrece. Se calcula que la incorporación masiva de tecnologías digitales podría incrementar el PIB europeo en más de 2,2 billones de euros de aquí a 2030. La pandemia de la COVID-19 actuó como acelerador brutal de este proceso: en España, por ejemplo, se estima que alrededor de tres cuartas partes de las empresas están ahora más digitalizadas que antes de la crisis sanitaria, con efectos claros en el teletrabajo y la conciliación.
Un aspecto interesante es que, en los últimos años, la sostenibilidad y los ODS han ido ganando peso en las estrategias del sector tecnológico. En España, cerca del 89% de las compañías del sector afirma estar desarrollando iniciativas alineadas con las distintas metas de la Agenda 2030, según informes recientes. Aunque el ODS 9 (industria, innovación e infraestructuras) es el más directamente vinculado a la tecnología, la realidad es que casi todos los objetivos —desde la educación hasta la salud o la acción climática— se ven afectados por las soluciones digitales que estas empresas ponen en marcha.
Pese a todo, los avances aún son desiguales. En términos de gestión interna, un porcentaje relativamente bajo de empresas tecnológicas ha definido estrategias de sostenibilidad robustas. Menos de cuatro de cada diez cuentan con una hoja de ruta alineada formalmente con los ODS, y apenas alrededor de una cuarta parte ha fijado objetivos cuantificables para medir su contribución real. Esto revela un enorme margen de mejora si se quiere que la innovación digital priorice de verdad el impacto social y medioambiental positivo.
Mirando hacia adelante, resulta fundamental que los nuevos productos y servicios tecnológicos se orienten a mejorar la vida de las personas y reducir desigualdades, y que al mismo tiempo se prevengan riesgos como el hipercontrol laboral, la vulneración de derechos digitales o la explotación abusiva de datos. Aquí la clave pasa por alianzas público-privadas, regulación eficaz y una sociedad civil vigilante que exija que el progreso tecnológico no vaya en contra de la libertad ni de la dignidad humana.
La geopolítica del poder tecnológico: EEUU, China, Rusia y una Europa a la defensiva
Si ampliamos el foco a la geopolítica, vemos que la tecnología se ha consolidado como el principal eje de la competencia entre grandes potencias. China ha aprendido, a base de golpes históricos, la importancia de no quedar rezagada tecnológicamente: durante siglos, su relativa desconexión y desprecio por la innovación occidental contribuyeron a que fuera sometida por poderes extranjeros. Esa memoria estratégica explica la apuesta actual de Pekín por un plan de desarrollo tecnológico que busca, al mismo tiempo, asegurar su autonomía y proyectar su influencia en el exterior.
Con el impulso combinado de su diplomacia y sus grandes empresas, China está posicionando su tecnología de comunicaciones en África, América Latina, el Indo-Pacífico, los Balcanes e incluso en el corazón de Europa. El resultado es una red cada vez más tupida de dependencias tecnológicas, acuerdos de infraestructura digital y proyectos vinculados a la llamada Ruta de la Seda Digital, que incrementan la capacidad de influencia política y económica de Pekín en numerosos países.
Estados Unidos, por su parte, continúa siendo una superpotencia tecnológica que concibe esta esfera como el campo decisivo de su disputa con China. Washington está reactivando la cooperación entre el Pentágono y las grandes compañías tecnológicas, integrando inteligencia artificial y capacidades digitales avanzadas en su estrategia militar. Considera la IA un terreno de confrontación clave y ha puesto en marcha controles de exportación para impedir que China acceda a tecnologías críticas como determinados semiconductores de última generación.
En este contexto, las sanciones tecnológicas se han convertido en un arma de presión internacional. Las restricciones al acceso de Rusia a componentes y sistemas avanzados buscan debilitar su capacidad militar y su industria armamentística. Paralelamente, se usan vetos y listas negras para condicionar las operaciones de empresas chinas en el exterior. Todo ello alimenta lo que muchos describen ya como una nueva “guerra fría tecnológica”, con bloques que compiten por el control de datos, infraestructuras, chips y estándares.
Rusia juega un papel particular: aunque no ha logrado consolidar un ecosistema tecnológico puntero comparable al estadounidense o al chino, explota con habilidad el carácter abierto de las redes sociales y de Internet para impulsar campañas de desinformación, interferir en elecciones y erosionar la confianza en las democracias liberales. Su dominio en ciberoperaciones y guerra informativa le ha permitido convertirse en un “gran saboteador digital”, influyendo tanto en el debate público de Estados Unidos como en numerosos procesos electorales europeos y en la narrativa global sobre conflictos como la invasión de Ucrania.
Europa entre la regulación, la dependencia y el riesgo de colonia digital
En medio de este escenario de confrontación, la Unión Europea se encuentra en una posición incómoda. Por un lado, apuesta por un modelo regulatorio que protege derechos fundamentales, exige transparencia en el uso de datos y pone límites a la vigilancia y a ciertas aplicaciones de la IA. Por otro lado, carece de gigantes tecnológicos globales capaces de competir de tú a tú con las Big Tech estadounidenses o con los titanes digitales chinos.
El poder central de algunas regiones en la geopolítica clásica —como Oriente Medio gracias a los combustibles fósiles— se está viendo sustituido por nuevos puntos neurálgicos asociados a la tecnología: fábricas de semiconductores en Taiwán, zonas ricas en tierras raras, cables submarinos de datos o centros de datos estratégicos. En este nuevo mapa, Europa corre el riesgo de convertirse en terreno de juego de otros si no logra consolidar capacidades tecnológicas propias y una verdadera autonomía estratégica.
Las normativas europeas, desde la regulación de la privacidad hasta las primeras leyes de IA, generan fricciones con Estados Unidos, que teme que estos estándares perjudiquen a sus grandes empresas en plena disputa con China. Al mismo tiempo, la UE no termina de encontrar una forma de proyectar poder tecnológico hacia el Sur Global que compita con las ofertas chinas o rusas, ni de articular una alternativa clara de “humanismo tecnológico” atractiva para países en desarrollo.
Sin una inversión masiva en capacidades digitales, investigación, talento y producción de hardware y software avanzado, Europa corre el riesgo de quedar reducida a una especie de colonia normativa: un territorio que regula, consume y protege derechos, pero cuya infraestructura crítica y cuyos servicios esenciales dependen de empresas y tecnologías foráneas. De ahí la urgencia de una estrategia tecnológica europea que combine apertura de mercados, alianzas con países afines, apoyo a la ciberseguridad de terceros y una diplomacia tecnológica mucho más ambiciosa.
En estos equilibrios también influye el creciente malestar con el multilateralismo tradicional. La arquitectura internacional diseñada tras 1945 está siendo puesta en cuestión, mientras Estados Unidos muestra signos de fatiga con las instituciones que contribuyó a fundar y la ONU se ve desbordada por un guion internacional marcado por amenazas, coerción y rivalidades entre grandes potencias. En este clima, la gobernanza de la tecnología se reparte entre organismos como la ITU, iniciativas ad hoc, alianzas regionales y movimientos de países que buscan no alinearse plenamente con uno u otro bloque digital.
Del optimismo de Internet al dominio de las Big Tech y la IA
Durante años se habló de Internet como un espacio de democratización, participación horizontal y empoderamiento ciudadano. Las redes sociales eran vistas como aliadas de los movimientos sociales y las nuevas plataformas digitales, como herramientas para redistribuir la voz y la influencia. Sin embargo, ese optimismo se ha ido erosionando a medida que el poder se ha concentrado en un puñado de grandes corporaciones tecnológicas, muchas de ellas estrechamente ligadas a gobiernos poderosos.
En la actualidad, la inteligencia artificial generativa está acelerando este cambio de equilibrio. Las grandes empresas que controlan los datos, los algoritmos y la capacidad computacional reciben, además, un fuerte respaldo político: contratos millonarios de defensa, programas nacionales de innovación con pocas restricciones regulatorias y una clara preferencia por no frenar el despliegue de estas tecnologías. En este contexto, la IA puede convertirse en un instrumento de vigilancia masiva, manipulación de opiniones y segmentación extrema de la población.
Ejemplos recientes de políticas públicas orientadas a “quitar trabas” a la industria de la IA ilustran bien esta tendencia. Cuando se pide reducir al mínimo las barreras regulatorias bajo el argumento de no frenar la innovación, se refuerza el poder de quienes ya dominan el mercado. Si esas mismas empresas definen las reglas de juego de los algoritmos que ordenan la información, segmentan la publicidad y moderan contenidos, el riesgo para la salud de las democracias es evidente.
La conjunción de una carrera global por la supremacía de la IA —especialmente entre Estados Unidos y China— y la debilidad de las instituciones que deberían ejercer contrapesos alimenta el temor a que la democracia quede a merced de un ecosistema digital cada vez más opaco. Plataformas y modelos de IA que se presentan como neutrales pueden amplificar sesgos, favorecer discursos extremistas o facilitar campañas coordinadas de desinformación sin que los ciudadanos entiendan bien qué está pasando tras la pantalla.
Ante este panorama, distintos expertos subrayan la necesidad de una regulación exigente y una alfabetización digital profunda. No se trata de demonizar la tecnología, sino de entender sus limitaciones, exigir transparencia, garantizar auditorías independientes y promover mecanismos que permitan diferenciar lo verdadero de lo falso en un entorno saturado de contenido automatizado. Para competir con la IA, la sociedad necesita reforzar precisamente aquello que las máquinas no tienen: criterio, pensamiento crítico, experiencia y sentido ético.
El Sur Global, la brecha en inteligencia artificial y la autonomía tecnológica
En este mapa del poder tecnológico, el llamado Sur Global corre el riesgo de quedar relegado a un papel de mero consumidor de tecnologías desarrolladas en unos pocos centros de poder. Eso implica depender de infraestructuras, plataformas y sistemas de IA sobre los que apenas tiene control, cuyas lógicas de diseño pueden no reflejar su diversidad cultural ni sus objetivos políticos y económicos.
De ahí que cada vez más voces en África, América Latina y Asia apuesten por impulsar desarrollos propios en inteligencia artificial y tecnologías emergentes. El objetivo es ganar margen de autonomía, evitar sesgos que reproduzcan discriminaciones estructurales y prevenir que la dependencia de soluciones externas se traduzca en vigilancia, manipulación o pérdida de soberanía de datos. La idea es clara: si todo el conocimiento y la infraestructura crítica se concentran en manos ajenas, la democracia corre un serio peligro.
El problema es que la brecha educativa y de capacidades en campos como la robótica, la IA o las ciencias de la computación sigue siendo muy amplia. En países desarrollados, la oferta de másteres y programas especializados es abundante y está bien consolidada: Estados Unidos cuenta con decenas de programas de posgrado en robótica, Europa suma cientos de titulaciones relacionadas con IA y tecnologías afines repartidas en miles de universidades y centros de estudios superiores.
En cambio, en muchas regiones del Sur Global, la presencia de programas formales de alto nivel es todavía incipiente. Aunque en África hay más de un centenar de universidades con cierto reconocimiento en computación, solo una parte reducida ofrece formación específica en IA o robótica. Algunos países como Egipto, Nigeria, Ruanda o Sudáfrica comienzan a despuntar, pero el camino por recorrer es enorme. En América Latina, la situación mejora poco a poco: Argentina, Brasil, Chile y México ya han creado programas avanzados de investigación e innovación, y Colombia o Perú empiezan a lanzar iniciativas propias, aunque la comparación con los países más ricos sigue siendo desigual.
Para cerrar esta brecha, se necesitan políticas públicas ambiciosas que combinen inversión en ciencia, educación STEM y reducción de la brecha digital. Eso incluye garantizar el acceso a la conectividad básica, formar a docentes, niños y jóvenes en competencias digitales, fomentar la colaboración entre gobiernos, empresas y centros de pensamiento, y apoyar a quienes investigan en IA con enfoque ético y local. Idealmente, esta formación debería arrancar desde etapas tempranas del sistema educativo para que las nuevas generaciones no se limiten a consumir tecnología, sino que sean capaces de crearla.
Sin este esfuerzo, muchos países se verán obligados a aceptar tecnologías importadas sin capacidad real de negociación, lo que puede derivar en sistemas de vigilancia intrusivos, modelos de IA entrenados con datos ajenos o soluciones que no se adaptan a sus necesidades. Contar con un mínimo de autonomía tecnológica no es un lujo, es una condición básica para mantener márgenes de libertad, confianza social y estabilidad democrática en un entorno global crecientemente digitalizado.
Trabajo, cuerpos y mente en la era de la inteligencia artificial
Todo este entramado de poder tecnológico tiene consecuencias directas en preguntas muy humanas: qué trabajos seguiremos haciendo, cómo viviremos más años y cómo cuidaremos nuestra salud mental en una sociedad hiperconectada. La irrupción de herramientas como los chatbots de IA ha cambiado nuestra relación con el lenguaje: ya no necesitamos saber programar para pedirle a una máquina que genere textos, resuma documentos o redacte correos, lo que abre posibilidades enormes, pero también nos vuelve más dependientes de tecnologías que no siempre entendemos.
Expertos en trabajo y automatización señalan que, en un escenario en el que la IA realiza tareas rutinarias de manera muy eficiente, ganarán valor aquellas ocupaciones que exigen creatividad genuina, trato humano directo y manejo del mundo físico. Si un sistema puede escribir informes estándar para todo el mundo, la forma de diferenciarse será a través de la comunicación presencial, la empatía, la capacidad de improvisar y las habilidades interpersonales. En muchos otros campos, aunque la IA sea objetivamente mejor en ciertas tareas, las personas seguirán teniendo cabida por motivos de confianza, contexto social o regulación.
Otro reto paralelo es el de la longevidad y la transformación de nuestros cuerpos. Los avances en medicina, genética y biotecnología están desplazando el foco desde el tratamiento de la enfermedad hacia el mantenimiento proactivo de la salud. En particular, se está empezando a cuestionar el enfoque androcéntrico de la medicina tradicional, que ha invisibilizado parte de la fisiología femenina, especialmente a partir de la menopausia. Comprender mejor los procesos biológicos de las mujeres, diseñar modelos de prevención específicos y estudiar en profundidad patologías ligadas a la edad puede abrir nuevas vías de tratamiento y mejorar de forma notable la calidad de vida.
Al mismo tiempo, problemas como la obesidad se están replanteando desde una perspectiva más compleja: la grasa se entiende cada vez más como un órgano endocrino, con sustancias que pueden medirse en sangre e indicar cuándo existe una disfunción, independientemente del peso de la persona. La combinación de datos médicos, genética e IA puede ayudar a identificar riesgos antes de que se manifiesten enfermedades, aunque esto también plantea interrogantes éticos sobre privacidad, seguros de salud y discriminación.
Por último, en un mundo saturado de pantallas, notificaciones y estímulos, está ganando relevancia la discusión sobre cómo proteger y cultivar la interioridad. Filósofos, neurocientíficos y líderes espirituales coinciden en que el desafío ya no es solo disponer de información, sino transformarla en conocimiento y, más allá, en sabiduría práctica para vivir mejor. Herramientas como la meditación, la contemplación o la reflexión crítica funcionan como antídotos frente a la hiperestimulación digital, ayudando a recuperar la atención, la capacidad de escucha y la profundidad en las relaciones.
La tecnología permite describir de forma muy precisa lo que ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando pensamos, sentimos o meditamos, pero esa descripción no agota la dimensión humana de la experiencia. Ahí entra en juego una mirada más sapiencial, que distingue entre acumular datos y desarrollar comprensión. En un entorno donde el poder tecnológico tiende a colonizar todos los espacios, mantener un refugio interior propio, no automatizado, se convierte también en un acto de autonomía.
El poder tecnológico atraviesa ya todas las capas de nuestra vida: desde los foros invisibles donde se pactan estándares de Internet hasta las aulas donde se forman los ingenieros del mañana, desde las oficinas de las Big Tech aliadas con gobiernos hasta las casas donde preguntamos a un chatbot cómo hacer la tarea. La manera en que gobernemos ese poder —quién fija las reglas, quién diseña la IA, qué papel se reserva a la ética, la democracia y la diversidad— marcará el tipo de mundo en el que vamos a vivir. La ventana para influir en esa dirección sigue abierta, pero exige una combinación poco habitual de visión política, inversión sostenida, cooperación internacional y ciudadanía crítica dispuesta a no dejar todo en manos de la máquina.
