- El Gobierno despliega un mecanismo de concurrencia competitiva para asignar un régimen retributivo a 1.200 MW de potencia en cogeneración de alta eficiencia.
- Se prioriza la renovación de plantas industriales y la transición hacia combustibles sostenibles como la biomasa y el hidrógeno renovable.
- Las empresas compiten mediante la oferta de descuentos sobre el valor estándar de inversión para asegurar su adjudicación y rentabilidad.
El panorama energético en España está viviendo un giro muy importante con la llegada de nuevas normativas que buscan rescatar el sector de la cogeneración. Tras un tiempo de bastante incertidumbre y un deterioro evidente del parque industrial, donde se ha llegado a perder casi la mitad de la capacidad instalada desde 2019, el Estado ha decidido meterle mano al asunto para evitar que la industria pierda competitividad y para que las emisiones bajen de verdad.
No se trata solo de poner máquinas nuevas, sino de una estrategia integral para que los sectores más intensivos en calor, como el papelero, el químico o el cerámico, puedan modernizar sus instalaciones. La idea es aprovechar el calor residual para generar electricidad, optimizando los recursos al máximo y alineándose con los objetivos de la transición energética, asegurando que el cambio no sea un lastre económico sino una palanca de crecimiento.
El mecanismo de las subastas y el régimen retributivo
Para poner en marcha este plan, se ha establecido un sistema de subastas que permitirá otorgar un régimen retributivo específico a un total de 1.200 MW de potencia. Este proceso no es un simple trámite administrativo, sino una competición donde las empresas deben jugar sus cartas con cuidado. El objetivo es cubrir dos convocatorias, generalmente de 600 MW cada una, abiertas tanto a plantas totalmente nuevas como a cualquier instalación que necesite una transformación profunda o mejora de eficiencia.
El dinero que reciben las empresas se divide en dos partes: la retribución a la inversión y la retribución a la operación. En la primera, el Estado define un valor estándar de inversión para los diferentes tipos de instalaciones y las empresas pujan ofreciendo un porcentaje de reducción sobre ese valor. Si te pasas con el descuento, puedes ganar la subasta pero comprometer la rentabilidad; si eres conservador, probablemente quedes fuera. La rentabilidad razonable se ha fijado en un 7,09% para el periodo 2026-2031.
Requisitos técnicos y sostenibilidad ambiental
- Instalaciones de gas natural: Obligadas a integrar tecnologías compatibles con el hidrógeno para reducir la huella de carbono.
- Instalaciones de biomasa: Deben acreditar estrictamente la sostenibilidad y trazabilidad de sus combustibles.
- Potencia máxima: Generalmente, hasta 100 MW, ajustable por convocatoria.
Es fundamental que cualquier inversión se componga de equipos nuevos y sin uso previo. Se pueden incluir turbinas, motores, recuperadores de calor, etc., pero los mantenimientos mayores o el overhaul no cuentan como inversión en la retribución, aunque sí pueden incluirse en costes operativos.
El camino desde la instalación hasta la explotación
El proceso es largo y requiere mucha paciencia. Comienza con la precalificación y la presentación de garantías (unos 20 €/kW). Tras ganar la subasta, se inscribe en el registro de preasignación y se demuestra la viabilidad del proyecto, cumpliendo las declaraciones de ayudas públicas. Este régimen es incompatible con otras subvenciones.
Finalmente, tras ejecutar la obra y obtener la autorización de explotación, se pasa al estado de explotación y se cobra la retribución. La vida útil regulatoria es de 12 años para el gas natural y 20 años para la biomasa.
Impacto en la industria y competitividad
La cogeneración es clave para las fábricas que no pueden electrificarse por completo. Al generar calor y electricidad a la vez, se reduce el consumo de combustible y la factura. Esto permite a la industria competir internacionalmente, integrando biometano e hidrógeno en sus procesos para mejorar la seguridad energética del país.
Este impulso puede movilizar inversiones millonarias (más de 1.800 millones de euros), lo que supone un oxígeno necesario para el sector, reduciendo la dependencia del gas y las emisiones.
La subasta es una oportunidad única para renovar activos obsoletos con tecnologías avanzadas que aseguren una operación más flexible y sostenible.
